La administración tributaria es un componente básico en la aplicación de
cualquier sistema fiscal. Así, dependiendo de la valoración que realicemos de su
actuación, podremos constatar en qué medida los objetivos perseguidos
inicialmente por el poder político – explicitados en la legislación fiscal - han sido
alcanzados. No podremos valorar un sistema fiscal como equitativo sólo a partir
de la lectura de su legislación, sino que se tendrá que discernir en qué medida la
administración tributaria asegura el cumplimiento de la ley de igual forma para
todos los grupos de contribuyentes. No será posible determinar el nivel de
recursos de que dispondrá el sector público a partir de los parámetros nominales
de presión fiscal sin tener en cuenta antes los esfuerzos que realiza la
administración tributaria en garantizar el cumplimiento universal de las leyes (a
través de una correcta valoración de los activos sujetos a tributación, una diligente
gestión de las liquidaciones tributarias o la ausencia de corrupción por parte de los
gestores tributarios).
No obstante, la administración tributaria no es sólo un instrumento clave para la
aplicación del sistema fiscal, sino que puede incluso insertarse dentro del propio
proceso político de decisión en tanto en cuanto, tal y como hemos visto, su
actuación afecta a la equidad del sistema fiscal o al nivel global de recursos de
que dispondrá el sector público. En la medida en que ciertas medidas de reforma
fiscal se muestran ineficaces en la consecución de sus objetivos, una reconducción
de las formas de actuación de la administración tributaria en aras a la consecución
de los mismos parece una extensión natural del poder político. En este sentido, se
puede afirmar que la administración tributaria confiere grados adicionales de
autonomía al poder político.
cualquier sistema fiscal. Así, dependiendo de la valoración que realicemos de su
actuación, podremos constatar en qué medida los objetivos perseguidos
inicialmente por el poder político – explicitados en la legislación fiscal - han sido
alcanzados. No podremos valorar un sistema fiscal como equitativo sólo a partir
de la lectura de su legislación, sino que se tendrá que discernir en qué medida la
administración tributaria asegura el cumplimiento de la ley de igual forma para
todos los grupos de contribuyentes. No será posible determinar el nivel de
recursos de que dispondrá el sector público a partir de los parámetros nominales
de presión fiscal sin tener en cuenta antes los esfuerzos que realiza la
administración tributaria en garantizar el cumplimiento universal de las leyes (a
través de una correcta valoración de los activos sujetos a tributación, una diligente
gestión de las liquidaciones tributarias o la ausencia de corrupción por parte de los
gestores tributarios).
No obstante, la administración tributaria no es sólo un instrumento clave para la
aplicación del sistema fiscal, sino que puede incluso insertarse dentro del propio
proceso político de decisión en tanto en cuanto, tal y como hemos visto, su
actuación afecta a la equidad del sistema fiscal o al nivel global de recursos de
que dispondrá el sector público. En la medida en que ciertas medidas de reforma
fiscal se muestran ineficaces en la consecución de sus objetivos, una reconducción
de las formas de actuación de la administración tributaria en aras a la consecución
de los mismos parece una extensión natural del poder político. En este sentido, se
puede afirmar que la administración tributaria confiere grados adicionales de
autonomía al poder político.